El escándalo de corrupción en la Universidad Distrital volvió a tomar fuerza tras las declaraciones de Wilman Muñoz, exdirector del Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (Idexud), condenado a 22 años de prisión por el desfalco de recursos públicos. Sus señalamientos salpican a figuras de alto perfil de la política nacional y a directivos de la institución, en un caso que ya es considerado uno de los más graves en la historia reciente del sector educativo.

A finales de 2019 se conoció que más de 11.624 millones de pesos de la Universidad Distrital fueron desviados para gastos personales de Muñoz, quien utilizó una tarjeta de crédito institucional y cuentas oficiales para girar 369 cheques destinados a la compra de vehículos de alta gama, inmuebles, relojes de lujo, viajes, hoteles, restaurantes exclusivos y otros gastos suntuarios. Además de la condena en prisión, Muñoz fue multado con más de 12.000 millones de pesos e inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 270 meses.

Sin embargo, el caso no se limita a su enriquecimiento ilícito. Muñoz entregó a las autoridades una amplia documentación —más de 40.000 archivos distribuidos en 26 carpetas— con la que aseguró que el Idexud también habría sido utilizado para favorecer intereses políticos y económicos. Entre los señalados figuran el exministro del Interior Alfonso Prada, hoy embajador de Colombia en Francia; la representante a la Cámara Olga Lucía Velásquez; el excongresista Antonio Sanguino, y varios directivos de la Universidad Distrital.

En su testimonio ante la Fiscalía, Muñoz afirmó que necesitaba protección, al asegurar que algunas de las personas que estaba incriminando tendrían vínculos con milicias urbanas del ELN presuntamente infiltradas en la universidad. En una de las matrices de información entregadas, señaló que Alfonso Prada habría recibido cerca de 450 millones de pesos en coimas relacionadas con el contrato interadministrativo 1069 de 2015, por un valor aproximado de 9.000 millones de pesos, destinado a labores de interventoría con el Sena.

Muñoz sostuvo que los pagos se habrían realizado mediante contratos con operadores logísticos y que los recursos se entregaron durante el segundo semestre de 2017. También aseguró que parte de los beneficios contractuales favorecieron a personas cercanas a la administración de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá, entre ellas Juan Carlos Montes, conocido por aparecer en los llamados “petrovideos”.

En su relato, Muñoz afirmó que se firmaron alrededor de 19 contratos con el IDRD y que, aunque estos fueron suscritos por el entonces director Aldo Cadena, la supervisión habría recaído en Montes. Según su versión, se pagaron comisiones del 10 % del valor de las interventorías, que habrían superado los 6.000 millones de pesos.

Otro de los puntos sensibles del testimonio involucra la elección del rector Ricardo García. Muñoz aseguró que esta habría contado con apoyos políticos, entre ellos los de Olga Lucía Velásquez y Alfonso Prada, con el objetivo de ubicar cuotas burocráticas en la universidad. Como respaldo, entregó chats en los que se evidenciarían gestiones previas a la elección, felicitaciones tras el resultado y referencias a reuniones y cenas para concretar apoyos.

Velásquez, en diálogo con SEMANA, negó cualquier intervención en la elección del rector y afirmó que el proceso se realizó por meritocracia. Frente a los mensajes atribuidos a su número telefónico, sostuvo que su celular era de uso común en su oficina y que ella no escribió dichos textos. Alfonso Prada, por su parte, rechazó los señalamientos y advirtió que cualquier insinuación sin pruebas constituye injuria o calumnia.

En el proceso también fue condenada Patricia Gamboa, quien fue señalada como tesorera de Muñoz y recibió una pena de 17 años de cárcel y una multa de 5.000 millones de pesos. Gamboa ha insistido en su inocencia, asegura que nunca ejerció funciones de tesorería y afirma que fue víctima de irregularidades procesales. Su caso se encuentra en revisión por el Tribunal Superior de Bogotá.

Finalmente, en los documentos entregados por Muñoz también aparecen referencias a viajes pagados con recursos de la universidad que habrían beneficiado al entonces concejal Antonio Sanguino. Este negó los señalamientos y calificó las acusaciones como falsas y calumniosas.

Mientras tanto, el actual rector de la Universidad Distrital sostiene que los señalamientos hacen parte de una campaña de desprestigio y asegura que su administración ha sido la que denunció las irregularidades del pasado. Será la justicia colombiana la encargada de establecer la veracidad de las acusaciones y determinar responsabilidades en un caso que sigue sacudiendo a una de las universidades públicas más importantes del país.