Los más recientes episodios de la política nacional han vuelto a poner en el centro del debate la interceptación ilegal de comunicaciones. Varias investigaciones judiciales se originaron a partir de información obtenida en chats privados, lo que ha despertado serias dudas sobre el respeto a la intimidad y el uso indebido de mecanismos de vigilancia.

Uno de los casos más graves fue revelado por la Fiscalía General de la Nación, que estableció que Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, no solo fue conducida al sótano de un edificio adscrito a la Casa de Nariño para una prueba de polígrafo, sino que además habría sido objeto de escuchas ilegales realizadas, presuntamente, con apoyo de funcionarios de la Policía Nacional. A este hecho se suma el caso de Daysuris Vásquez, expareja de Nicolás Petro, quien habría participado en el perfilamiento de Laura Ojeda actual pareja del hijo del presidente Gustavo Petro con ayuda de uniformados que interceptaron su teléfono celular.

El celular, una extensión de la mente humana

El deseo de conocer lo que piensa o hace otra persona ha acompañado históricamente al ser humano. Hoy, ese anhelo encuentra un atajo tecnológico: el teléfono móvil. Este dispositivo registra con precisión hábitos, conversaciones, desplazamientos, intereses y secretos personales.

Por ello, se ha convertido en el principal objetivo de quienes buscan espiar. Tras los escándalos que han rodeado a la familia presidencial, aumentaron significativamente las consultas en páginas web y servicios tecnológicos que prometen interceptaciones ilegales. Incluso, detectives privados ofrecen este tipo de “servicios”. Los precios oscilan entre 600.000 y 20.000.000 de pesos. Las ofertas más baratas suelen ser estafas, pero a partir de 1.700.000 pesos se accede a programas reales.

Cómo operan las interceptaciones ilegales

La interceptación requería equipos que funcionaban mediante ondas electromagnéticas y podían conectarse a dispositivos desde cierta distancia. Aunque aún se consiguen en internet con precios cercanos a los 10.000 dólares—, su ingreso al país resulta complejo por los permisos requeridos, lo que ha hecho que pierdan popularidad.

Actualmente existen dos métodos predominantes para obtener información privada de un celular. El primero consiste en instalar un software espía, proceso que tarda entre dos y diez minutos y exige acceso físico al dispositivo. Este método es eficaz principalmente en teléfonos Android, ya que los iPhone cuentan con sistemas de encriptación más robustos.

Cuando no es posible acceder al teléfono, no se conoce el patrón de desbloqueo o se trata de un iPhone, aparece la segunda modalidad: interceptaciones realizadas de manera clandestina, pero amparadas en aparentes autorizaciones judiciales obtenidas fraudulentamente. Fuentes del mercado negro que aseguran que abogados y agencias de investigación cuentan con contactos en la Policía Judicial que, por hasta 15.000.000 de pesos, logran incluir un número telefónico en una noticia criminal para justificar una interceptación. Por esa suma, el cliente recibe informes mensuales de las conversaciones; por 3.000.000 adicionales, copias de chats de WhatsApp. Tras los recientes escándalos y el aumento de controles internos, la oferta se redujo y los precios se incrementaron hasta cuadruplicarse.

Silencio institucional

La Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional sobre sanciones, investigaciones internas y el estado de los procesos relacionados con los casos que involucran a funcionarios de la Presidencia. Sin embargo, al cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.

¿Quiénes buscan interceptar?

Agencias de investigación privadas legalmente constituidas coinciden en que el 80 % de quienes consultan por interceptaciones lo hacen por sospechas de infidelidad; el 15 %, padres que desean vigilar a sus hijos; y el 5 % restante incluye empresarios, socios y empleadores.
“Una cosa es que el cliente pregunte y otra muy distinta que eso se pueda hacer. Interceptar comunicaciones es ilegal y viola la intimidad”, explicó Jorge Izquierdo, gerente de Asesores-IP.

Los softwares espía se comercializan oficialmente como herramientas de control parental o empresarial. No obstante, algunas agencias se deslindan de responsabilidades mediante contratos en los que el cliente asume el uso indebido del programa.

Otras van más lejos y justifican su uso alegando que el matrimonio funciona como una “sociedad”, lo que permitiría espiar a la pareja. Por un mes de licencia cobran desde 1.700.000 pesos y por tres meses hasta 3.800.000. Durante ese tiempo, el usuario accede a llamadas, mensajes, audios, imágenes, videos y chats de aplicaciones como WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram y Signal. Los expertos coinciden en que las plataformas pueden ser seguras, pero los dispositivos siguen siendo vulnerables.

Un nivel alarmante de invasión

El alcance de estos programas es inquietante. Al instalar el software, las cámaras frontal y trasera pueden activarse en tiempo real sin que el usuario lo note. Lo mismo ocurre con el micrófono, capaz de grabar conversaciones ambientales sin necesidad de una llamada. El nivel de invasión a la privacidad genera profunda preocupación.

Estafas y extorsiones

En internet abundan ofertas que prometen interceptaciones por 600.000 pesos. SEMANA contactó a uno de estos supuestos proveedores, quien aseguró que el software se instala mediante una imagen enviada por WhatsApp, argumento que delata la estafa, ya que estos programas requieren acceso físico al dispositivo.

Los estafadores simulan pruebas con bots y realizan falsas llamadas para convencer a las víctimas. Luego solicitan el pago y desaparecen. En muchos casos, conservan las conversaciones con el cliente para extorsionarlo, amenazando con revelar su intención de espiar a su pareja o familiar.

Falta de regulación

Para Jorge Izquierdo, estas estafas prosperan por la ingenuidad de los usuarios y la ausencia de regulación efectiva del sector. A esta preocupación se suma Jeisson Villamil, directivo de Private Investigation Technology S.A.S., quien hizo un llamado al Congreso para regular cuanto antes la actividad de los investigadores privados.

Villamil fue enfático en señalar que ninguna conversación obtenida mediante interceptaciones ilegales tiene validez como prueba judicial y que su uso constituye un delito grave.