El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que entregue información clara y oportuna sobre la desaparición de 29 personas que viajaban en una embarcación que zarpó de la isla de San Andrés con destino a Nicaragua y cuyo paradero se desconoce desde hace más de seis semanas.

“Los familiares tienen derecho a saber qué sucedió con sus seres queridos. Es profundamente preocupante que, después de más de seis semanas, las autoridades no hayan entregado un reporte que permita establecer el destino de la embarcación, sus tripulantes y los migrantes que iban a bordo”, afirmó Camargo.

Según el comunicado de prensa emitido por la Defensoría del Pueblo este miércoles 6 de diciembre, en la embarcación se transportaban 27 migrantes —en su mayoría de nacionalidad venezolana— y dos tripulantes, desaparecidos desde el pasado 21 de octubre. No obstante, la entidad advirtió que el número de personas podría ser mayor.

De acuerdo con un listado entregado por los familiares, entre los desaparecidos se encuentran nueve menores de edad, incluido un bebé de apenas tres meses, así como un adulto mayor de 69 años, lo que agrava la dimensión humanitaria del caso. Ante esta situación, Camargo fue enfático en solicitar al Gobierno Nacional la articulación de esfuerzos con países vecinos y fronterizos para intensificar la búsqueda y localización de todas las personas reportadas como desaparecidas.

Acciones adelantadas por la Defensoría

La Defensoría del Pueblo informó que ha activado de manera inmediata las rutas institucionales para la ubicación y posible rescate del grupo de personas, incluyendo solicitudes formales al comandante de la Base Naval de la Armada Nacional en San Andrés, con el fin de conocer las acciones adelantadas en las labores de búsqueda. Asimismo, la entidad ha brindado acompañamiento permanente a las familias de los migrantes desaparecidos que así lo han requerido.

Alerta por aumento de migración irregular

La Defensoría reiteró su preocupación por el incremento de la migración irregular a través de la ruta San Andrés–Centroamérica, utilizada por personas de distintas nacionalidades. Entre enero y octubre del presente año, las autoridades lograron rescatar a 392 personas en esta ruta, de las cuales 89 eran menores de edad.

“Continuamos con el deber de adelantar todas las acciones necesarias para lograr un mayor compromiso de los países del continente, con el propósito de enfrentar las problemáticas derivadas del fenómeno de la migración irregular”, concluyó el defensor del Pueblo.